La Junta invertirá 1,5 millones en la mejora de los sistemas de protección para motoristas

Las actuaciones, que permitirán instalar nuevos sistemas y sustituir las actuales barreras, se realizarán durante los próximos dos años.

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha adjudicado por 1,5 millones de euros un plan de actuaciones orientado a mejorar los sistemas de protección y seguridad para motoristas en la red autonómica de carreteras de las ocho provincias andaluzas.
Según ha indicado la Junta en una nota, los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de 24 meses a partir de este mes de enero, consistirán principalmente en la colocación de nuevos sistemas protectores de motoristas, así como en la sustitución de los terminales o 'colas de pez' de las actuales barreras de seguridad, con el objetivo de "mejorar los elementos de contención y reducir los daños en caso de impacto".

La adecuación de las barreras de seguridad habituales consiste en añadir a las biondas convencionales unas chapas atadas a los postes, de material deformable, de manera que en caso de impacto se evite el choque con ellos, que es lo que provoca más daño a los motoristas.

Este plan se desarrolla a través de cuatro contratos que agrupan a las provincias de dos en dos, de forma que en Sevilla y Córdoba se adecuarán 15.390 metros de barreras de seguridad para protección de motoristas, con un presupuesto de 467.21 euros. La firma encargada de realizar esta labor ha sido la empresa Sursecons.

En Granada y Málaga, la adjudicataria Construcciones Glesa será la responsable de acondicionar un montante de 12.800 metros con una inversión de 381.555 euros; en Almería y Jaén Sedinfra se actuará sobre 10.576 metros, con un desembolso de 314.678 euros. Mientras que en Cádiz y Huelva, la empresa adjudicataria ha sido Pavimentos Morales e invertirá 384.574 euros para mejorar los elementos en un total de 12.490 metros.

Los puntos en los que se van a colocar las barreras de seguridad no están definidos en los contratos, sino que se irán decidiendo durante los dos años de duración de los mismos, según indiquen las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Vivienda correspondientes.